Castilla-La Mancha envía al Comisario de Agricultura de la UE la posición regional sobre la reforma de la PAC
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha informado que hoy mismo de que el Gobierno regional ha remitido al Comisario de Agricultura de la Unión Europea, el documento de la PAC (Política Agraria Común) que se está negociando en este momento “para que conozca nuestra forma de verla”. El consejero ha asistió hoy a la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, en la sede del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
En este sentido, ha indicado que siempre ha manifestado a la propia ministra de Agricultura que “era necesario adelantarse a la negociación y no esperar a un documento de posición porque otros Estados miembro se adelantan e influyen en los documentos que finalmente se aprueban”.
El documento de Castilla-La Mancha, que ha sido suscrito por Aragón recientemente a través del ‘Pacto de Almagro’, es el resultado de un año de trabajo con la participación de las organizaciones agrarias, cooperativas, organizaciones empresariales, sindicales, ecologistas, del medio rural, de la distribución y de los consumidores, un escrito que también se ha enviado al propio Ministerio de Agricultura.
De esta forma, Castilla-La Mancha quiere contribuir al debate a nivel nacional y europeo, adelantándose a las propuestas presupuestarias generales y a las de la PAC, que debe realizar en los próximos meses la Comisión Europea.
El documento de posición ante la reforma de la Política Agrícola Común de Castilla-La Mancha resalta la importancia de los profesionales de la agricultura, del relevo generacional y la visibilidad de la mujer, como ejes centrales de esta política, en línea con los planteamientos del Ejecutivo que preside Emiliano García-Page en materia de agricultura.
Además, a través del mismo, Castilla-La Mancha solicita que se establezcan techos por explotación a los perceptores con más ayudas, pagos redistributivos para primar a los pequeños y medianos agricultores o la eliminación de las referencias históricas como forma de cálculo de las ayudas, para igualar los pagos por hectárea para los mismos cultivos, en toda España, evitando la discriminación de agricultores.
